Demanda Laboral: requisitos
Para que una demanda laboral sea admitida a trámite, debe cumplir con los siguientes requisitos, regulados y que derivan de una interpretación conjunta de varios preceptos, como el artículo 103 del ET, que establece que la solución de conflictos debe ajustarse a lo previsto en la ley y en los convenios colectivos; el artículo 63.2 del ET, que establece que la demanda debe contener los hechos en que se basa, la petición concreta y los fundamentos jurídicos; y el artículo 68.1 del ET, que exige la conciliación previa en el ámbito administrativo antes de acudir a la vía judicial.
En cuanto a la Ley de Jurisdicción Social, el artículo 80 de la misma establece que las demandas deberán expresar con claridad los hechos en que se funden y las pretensiones que se deducen, y deberán ir acompañadas de los documentos que se consideren necesarios para la determinación de la controversia. Además, el artículo 81 de la LJPL exige que la demanda contenga una serie de datos concretos, como la identidad de las partes, el objeto de la pretensión, la cuantía de la misma y la indicación de los medios de prueba que se proponen utilizar.
A modo de resumen debe contener para ser admitida a trámite los siguientes:
Identificación de las partes: La demanda debe incluir los datos completos del demandante (trabajador) y del demandado (empleador o empresa).
La identificación de las partes en una demanda laboral es un requisito importante para que la demanda sea admitida a trámite. Las partes involucradas son el demandante y el demandado.
En la demanda, el demandante debe incluir su nombre completo, dirección, número de identificación fiscal, número de seguridad social y cualquier otra información relevante para su identificación. También se debe incluir información sobre el demandado, incluyendo su nombre completo, dirección y cualquier otra información relevante para su identificación.
Es importante que la información proporcionada sea precisa y completa para evitar retrasos o problemas en el proceso judicial. Además, la identificación clara de las partes permite que la autoridad laboral notifique a ambas partes de cualquier audiencia o decisión tomada en el caso.
Hechos: La demanda debe contener una narración clara, precisa y detallada de los hechos que motivan la demanda. Debe describirse de manera clara y cronológica la situación que ha dado lugar al conflicto laboral.
Fundamentos jurídicos: La demanda debe incluir los fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión del demandante. Es decir, debe argumentarse en base a la legislación laboral correspondiente y las normas aplicables al caso en concreto.
Petición: En la demanda se debe especificar con claridad lo que se solicita a la autoridad laboral. Puede tratarse de una cantidad económica, la readmisión en el puesto de trabajo, la rescisión del contrato laboral, etc.
Pruebas: La demanda debe incluir las pruebas o solicitud de la práctica de las mismas que se consideren necesarias para acreditar los hechos alegados. Pueden ser documentos, testigos, peritajes, entre otros.
No es preceptiva ni obligatoria la intervención de abogado en el procedimiento laboral pero si altamente recomendable para poder velar por los intereses del trabajador.
Es muy importante respetar los plazos procesales ya que de lo contrario no tendríamos acción y nuestra reclamación no sería atendida.
Por ejemplo para un despido el plazo máximo es de 20 días hábiles desde el momento del mismo, entendiéndose inhábiles los sábados y domingos y los festivos de ámbito nacional o autonómico o local.
Para una reclamación de cantidad el plazo es de un año desde el momento en que se hubiere devengado la cantidad reclamada.
Igualmente es preceptiva en la mayoría de los procedimientos laborales la presentación previa, antes de acudir a los Juzgados de lo Social, de papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la correspondiente Comunidad Autónoma, respetando igualmente los 20 días comentados anteriormente.
Esta papeleta de conciliación previa debe igualmente cumplir con una serie de requisitos, que en caso de incumplirlos puede dañar gravemente el procedimiento judicial posterior, incluso invalidándolo, por lo que se hace, desde nuestro punto de vista, absolutamente imprescindible estar debidamente asesorado por profesional cualificado.